Introducción
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Una de la peores experiencias que puede sufrir un médico es verse involucrado en cualquier proceso de tipo civil, penal, administrativo o disciplinario. Una llamada, o una citación de un tribunal, de un juzgado, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de algún Tribunal de Ética Médica, o de las mismas autoridades hospitalarias, constituye un severo golpe a la autoestima y una angustia permanente ante lo impredecible. Esto ha ocasionado una lógica reacción de los médicos en varios sentidos: La relación médico paciente se ha deteriorado, el afecto que anteriormente el profesional brindaba a su enfermo se ha enfriado, los casos de alto riesgo se están rechazando por sus obvias consecuencias; el espíritu de la profesión se ha transformado en el ejercicio de una actividad defensiva, helada y en muchas ocasiones cruel.
El ejercicio de la anestesiología es quizás la práctica clínica que más le exige al profesional desde el punto de vista de seguridad, dicho ejercicio puede lesionar bienes jurídicos individuales protegidos por la ley. Un paciente que se complique, en anestesia, difícilmente lo va a aceptar. Para los pacientes, las lesiones derivadas de estos accidentes son muy catastróficas, sumado el hecho de que la anestesiología no se ocupa del diagnóstico, del tratamiento o de la prevención de la enfermedad (1), sino meramente una medida de apoyo para un procedimiento o para una intervención quirúrgica (2). Por tanto se ha difundido que la anestesia hace correr riesgo al paciente, sin ofrecerle ningún beneficio terapéutico directo (3).
En los últimos años, en América Latina, el gremio de los médicos se ha visto impactado por diversos y sonados casos que ponen en evidencia lo delicado del ejercicio profesional de la medicina (4). Al ser tratados en una forma no adecuada por la prensa amarillista, han dejado en entredicho el prestigio y la honestidad de nuestros colegas. En muchos podemos detectar, de manera precisa, el grado de desconocimiento que poseen, tanto los médicos como la colectividad en general, con respecto a las implicaciones legales del ejercicio de esta profesión. Este desconocimiento acarrea malentendidos, confrontaciones innecesarias y sobre todo, pérdida de tiempo.
El interés en el tema por parte de la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología y el nombramiento en esta Comisión Legal, nos da la oportunidad de hacer referencia a lo que podrían constituir 20 reglas básicas, 20 observaciones prácticas, que pueden ser un instrumento útil para que nuestros colegas médicos anestesiólogos no sean alcanzados por acciones penales o civiles, lamentablemente, cada día más frecuentes entre nosotros, y que, sin duda, han contribuido a perturbar las relaciones médico-pacientes, a fomentar la práctica de una medicina defensiva, a sembrar desconfianza en la noble profesión médica y al incremento de los ingresos de las compañías de seguros, por concepto de pólizas por mala praxis médica.
La judicialización de la medicina en América Latina es progresiva, como así lo fue en otros continentes. La sociedad se ha materializado y ante la posibilidad de obtener dinero, muchos pacientes o familiares acudirán a un abogado para iniciar una demanda judicial. Por otra parte, los jueces cada vez saben más de los médicos, la jurisprudencia es creciente y las exigencias a la especialidad es cada vez más rigurosa. A todo ello le sumamos el aumento de la sensibilización de la sociedad sobre los derechos del consumidor, considerando que los perjuicios que ocasionen los comerciantes y los profesionales, no deben quedar impunes, sino que el causante debe responder civil o penalmente.
Ante este conjunto de circunstancias el médico debe prepararse iniciándose en el conocimiento del Derecho y los medios adecuados para evitar ser condenado, siendo conveniente que posea una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil y conozca un abogado especialista en Derecho Médico.
